Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícola con sistemas de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria
Meta 3.6: 1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectareas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono
Pese a la pérdida recurrente de cobertura forestal a un ritmo estimado en alrededor de 70,000 hectáreas por año, el bosque continua siendo el uso predominante del suelo en Honduras con un cubrimiento total de 5,625,000 hectáreas (49% del país). Pese a lo anterior, un 74% del territorio es de vocación forestal. Por otro lado, 4,250,000 hectáreas de nuestra territorialidad están dedicadas a la agricultura tradicional o están cubiertas por matorrales. Solo un 2% del territorio está dedicado a la agricultura tecnificada y semi-tecnificada y menos de un 1%, representan asentamientos humanos urbanizados.
La progresiva dinámica en la ocupación del territorio ha provocado desequilibrios en su uso que evidencian que solo el 40% de nuestro suelo es aprovechado en base a su capacidad natural productiva. 33% se encuentra en estado de subutilización y alrededor del 27%, muestra señales de degradación ambiental producto de sobre- utilización (uso más allá de la capacidad natural productiva), intervenciones ilegales y aprovechamiento no sostenible.
El uso de malas prácticas en el aprovechamiento de los recursos naturales del país, los enfoques de aprovechamiento con visión eminentemente extractiva, las deficiencias en los procesos de licenciamiento, supervisión y auditoría ambiental, así como la limitada participación social y comunitaria, hacen que el patrimonio natural del país vea limitadas sus posibilidades de servicio al desarrollo económico y social y que se propicie, cada vez con mayor celeridad, un proceso de pérdida progresiva de calidad y valor que debe ser revertida.
La conflictividad social alrededor del aprovechamiento, la protección y la conservación de los recursos naturales se ha acentuado durante la última década, siendo especialmente evidente en el sector hídrico-energético, el sector forestal y la minería.
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Visión de País 2010 – 2038, Horizonte de Planificación para 7 períodos de GobiernoLos problemas de tenencia de la tierra y derechos de propiedad constituyen también una causa de conflictos en torno al aprovechamiento de los recursos naturales. Los bosques en terrenos públicos son objeto de subasta pero sin participación de las comunidades y sin que se reviertan totalmente los beneficios de dicha explotación a favor de éstas y los municipios.
La Constitución de la República; el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 66 de la Ley de Municipalidades, establecen un orden jerárquico que norma el sistema jurídico del país, reconociendo una clara preeminencia en la aplicabilidad de las leyes. El marco jurídico para la gestión ambiental en Honduras obedece a esa jerarquización jurídica y por lo tanto, respeta la siguiente preeminencia: (i) Normas Constitucionales; (ii) Tratados y Convenios Internacionales; (iii) Leyes Generales; (iv) Leyes Especiales; (v) Reglamentos ó Acuerdos Legislativos; (vi) Normas Técnicas, Resoluciones y Disposiciones de
Carácter Administrativo.
Estudios recientes han identificado al menos 19 artículos constitucionales vinculados con la gestión de recursos naturales y la regulación del ambiente humano. Estos artículos son los No. 106, 107, 341 y 349 (relacionados con restricciones de uso al régimen de propiedad) ,128, 132 y 145 (vinculados a ambientes humanos bajo relaciones obrero-patronales), 146 y 147 (regulando productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos), 172 y 354 (declarando la competencia del Estado sobre sitios de belleza natural, monumentos y zonas de reserva y declarando que el Estado se reserva la potestad de establecer o modificar la demarcación de las zonas de control y protección de los recursos naturales en el territorio nacional ), 179 (definiendo responsabilidades del estado en torno a los problemas habitacionales),
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274 (señalando la función de las Fuerzas Armadas en ámbitos de la vida del país, entre ellos, la conservación de los recursos naturales), 301 y 306 (relacionados al pago de impuestos y el desarrollo de inversiones para el aprovechamiento de recursos naturales), 340 (declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación), 345 (reconoce la reforma agraria como parte esencial de la estrategia de desarrollo de la nación), 346 (establece como deber del estado la protección de los intereses de los pueblos indígenas), 347 (define que el uso del suelo agrícola debe ser preferentemente utilizado para la seguridad alimentaria).
En el segundo nivel de jerarquización jurídica, se encuentra que 49 Tratados, Convenios y Protocolos Internacionales vinculados con el ambiente mantienen plena vigencia en el país. Es importante señalar la muy limitada capacidad nacional para internalizar y complementar, en la legislación nacional y en su debido tiempo, los compromisos derivados de la suscripción y ratificación de tratados y convenios internacionales. Surgen así incongruencias que, pese a resolverse por la vía de la preeminencia jurídica, generan conflictos internos por parte de diferentes grupos de interés.
En términos de la Legislación Nacional (Leyes Generales y Especiales) la Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo 104-93), su reglamento general y las modificaciones introducidas por la vía de las reformas a la Ley de Administración Pública (Decreto No. 218-96), la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social (2002) y la Ley de Simplificación Administrativa (2003), constituyen el eje del marco jurídico hondureño para la gestión de los recursos naturales y el ambiente.

La Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de la Propiedad, la Ley de Reforma Agraria, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y la Ley de Minería, definen el marco jurídico para la gestión del recurso suelo. El recurso agua está regido por la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento (2003), sin embargo, existen disposiciones específicas sobre el manejo de Aguas en la Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre (2007), la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico (1997), la Ley del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (1961) e incluso en la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales (aún vigente desde el año 1927). Ha sido aprobada por el Congreso Nacional la nueva Ley General de Aguas. Para la regulación del recurso forestal se aprobó recientemente la Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre. No existe legislación específica vigente relacionada con los recursos atmósfera y biodiversidad.
El Código Penal de 1984 y sus reformas de 1996, tipifican el delito de incendio y otros estragos y sus sanciones. Se agrega en estas reformas el título sobre delitos contra el medio ambiente. Asimismo, el decreto 323-98 (aprobado luego del impacto del huracán Mitch en Honduras) tipifica delitos ambientales.
Se considera que el hecho de que exista una gran concentración de demandas de servicios (licencias ambientales, solicitudes de autorización para estudios de factibilidad de proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables, solicitudes de aprovechamiento de uso de aguas nacionales, supervisión y control) en pocos
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Visión de País 2010 – 2038, Horizonte de Planificación para 7 períodos de Gobiernodepartamentos del país, es una coyuntura que puede ser aprovechada para el desarrollo de un proceso focalizado y progresivo de descentralización hacia municipios que, en adición, cuentan con una capacidad instalada considerable (MDC, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma, Tela, La Ceiba, Tocoa, Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán).
Finalmente, es necesario destacar la ausencia de instancias funcionales de coordinación institucional a lo interno del Estado y la falta de operativización del COCONA (Consejo Consultivo Nacional del Ambiente) como un espacio generador de diálogo y acuerdos entre el Gobierno, la Sociedad Civil y la Empresa Privada.

Lograr un aumento significativo de la aportación económica y social de los recursos naturales a la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad hondureña. Los recursos naturales – agua, suelo, bosque, atmósfera –, aprovechados bajo un modelo ambientalmente sustentable, deben constituirse en el pilar fundamental para el futuro de Honduras y en la consolidación de un liderazgo centroamericano en materia de producción agroalimentaria, eco-turismo y generación eléctrica de fuentes renovables.
3. Armonizar el marco jurídico y consolidar las Instituciones con responsabilidades directas sobre la administración de los recursos naturales y el ambiente, desarrollando procesos de modernización institucional, facilitación administrativa, descentralización, desconcentración y adecuación presupuestaria, hasta crear un sistema nacional que aporte elementos de desarrollo sostenible y buena gestión para la administración del territorio hondureño; Para el año 2022, Honduras habrá consolidado el Desarrollo Regional como su modelo de gestión para el crecimiento económico y social del país bajo el marco de un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible. Los planes de desarrollo territorial en cada región, se habrán constituido en el instrumento regulador y normativo para la inversión productiva, el desarrollo social y la inversión en infraestructura, existiendo armonías de intervención con la institucionalidad del
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Visión de País 2010 – 2038, Horizonte de Planificación para 7 períodos de GobiernoGobierno Central y los municipios integrantes de cada región. Se habrán reducido las tasas de sub y sobre utilización en un 50%, la vulnerabilidad física en un 50%, la pérdida anual de cobertura forestal en un 70% y la utilización neta de recursos hídricos y la capacidad de represamiento para fines productivos se aumentará del 5 al 17%. Un 60% de la demanda energética será atendida con energía de fuentes renovables y 250 mil hectáreas de tierras agrícolas productivas contarán con sistemas de riego (alcanzando el país plena vigencia en términos de seguridad y soberanía alimentaria). 200 municipios del país estarán certificados en licenciamiento y gestión ambiental y 400 mil hectáreas de tierras de vocación forestal en estado de degradación, estarán incorporadas en un programa de restauración ecológica y productiva que participe en el mercado mundial de bonos de carbono.
Todas las áreas protegidas contarán con planes operativos vigentes y el modelo de pago por servicios ambientales será capaz de generar el 80% de los recursos financieros para su financiamiento. 70% de las zonas de recarga hidráulica contarán con planes de manejo. Honduras será una nación reconocida internacionalmente por su riqueza natural y por la actitud de un Estado comprometido con la protección y la conservación ambiental, la lucha contra el cambio climático y la cultura de un pueblo decidido a crecer en perfecta armonía con su patrimonio natural.
Para el año 2034, Honduras será el país líder centroamericano en materia de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, generando energía, alimentos, minerales y derivados del sector forestal, como ningún otro país de la región. Se habrán reducido las tasas de sobreutilización en 80%, la subutilización en un 100% y la vulnerabilidad física en 75%, la pérdida anual de cobertura forestal tenderá a cero y la tasa de represamiento y aprovechamiento neto de recursos hídricos será la más
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Visión de País 2010 – 2038, Horizonte de Planificación para 7 períodos de Gobierno alta de Centroamérica (25%). Cuatrocientas mil hectáreas de tierras agrícolas productivas contarán con sistemas de riego, manteniendo plena seguridad alimentaria y aportando producción alimentaria para fines de exportación. El licenciamiento y control ambiental estará 100% descentralizado y las instituciones del
Gobierno Central se constituirán en agencias normativas con altas calificaciones técnicas. El modelo de pago por servicios ambientales financiará el 100% de los planes operativos de las áreas protegidas. Un millón de hectáreas de tierras de vocación forestal en estado de degradación, estarán incorporadas en un programa de restauración ecológica y productiva que participa en el mercado mundial de bonos de carbono. Todas las áreas protegidas contarán con planes operativos vigentes y el modelo de pago por servicios ambientales será capaz de generar el 100% de los recursos financieros para su financiamiento. 100% de las zonas de recarga hidráulica contarán con planes de manejo.
Para el año 2038, el Desarrollo Regional, consolidado como guía para el desarrollo económico y social del país, deberá iniciar el camino de la integración democrática, creando las instancias para que las Autoridades Regionales sean electas por el voto directo del pueblo hondureño.