1. El derecho fundamental a la vida, ¿incluye el derecho a decidir sobre el momento y la forma de su terminación? No, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en su Sentencia 120/1990 de 27 de junio de 1990, indicando que el contenido del derecho a la vida es el de protección positiva, lo que no permite entenderlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a decidir la propia muerte. Sin embargo, el Tribunal reconoce que al ser este derecho un bien jurídico que se integra en el ámbito de la libertad personal, la privación de la propia vida (suicidio), o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe, pero en ningún caso se configura como un derecho subjetivo que deba ser apoyado por los poderes públicos para vencer los obstáculos que puedan impedir su consecución, amparado por los artículos 9 y 24.1 de la Constitución. Por tanto, el Tribunal Constitucional entiende que no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte, si no que esta decisión constituye una manifestación de libertad genérica. 2. La situación de cumplimiento de condena en establecimiento penitenciario, ¿implica que la Administración del Estado es responsable de la protección de la vida de los reclusos? Si, el hecho de estar recluido en un centro penitenciario desarrolla una serie de derechos y deberes entre el preso y la Administración, tal como expresa la Constitución en su artículo 25.2 y ha ratificado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 2/1987. Además, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (en adelante LOGP) a la que se remite dicho artículo de la Constitución, señala explícitamente en su artículo 3.4 que: “La administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos“. Por lo tanto, se concluye que, efectivamente, la administración tiene una especial responsabilidad sobre la vida y la integridad física de los individuos recluidos, lo que el permite en determinadas situaciones limitar los derechos de los presos, tal como expresa el artículo 25.2 de la CE, con la finalidad de cumplir con el deber de la Administración de velar por su vida. Para llegar a la conclusión de que la Administración puede rescindir los derechos del preso en virtud de preservar su vida, el Tribunal Constitucional argumenta que este derecho a la vida es “un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, sin el cual el resto de derechos no tendrían existencia”, y por tanto su preservación es más importante que el ejercicio de otro derecho fundamental. 3. ¿Puede considerarse la alimentación forzosa como un tratamiento inhumano o degradante? El artículo 15 de la Constitución prohíbe los tratamientos inhumanos o degradantes y la tortura. El Tribunal Constitucional ha delimitado la consideración de tratamientos inhumanos o degradantes, siguiendo lo estipulado en el artículo 10.2 de la Constitución, en función de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Nueva York, de 10 de diciembre de 1984, así como de la Convención Europea de Derechos Humanos. Para que sean considerados como inhumanos o degradantes, deben “ocasionar al interesado, ante los demás o ante si mismos, una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad”, y más específicamente en el ámbito penitenciario, “tendrán que acarrear un sufrimiento de especial intensidad, o una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la imposición de condena” (STC 120/1990).

Con estas consideraciones, el Tribunal Constitucional ha apreciado que no se puede considerar como tratos inhumanos o degradantes la alimentación forzosa, ya que su finalidad no es la de infligir padecimientos físicos o psíquicos ni provocar daños, sino evitar los daños que se derivarían de la huelga de hambre. Es por tanto la finalidad de la alimentación forzosa paliar los daños, no producirlos, por lo que no se pueden encuadrar como tratos inhumanos o degradantes. 4. El abogado del preso, ¿qué remedios procesales tiene a su disposición si éste está siendo objeto de torturas o tratos inhumanos? La vía más inmediata que se reconoce al preso es la que señala el artículo 50 de la LOGP: “Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento ante el director o persona que lo represente, a fin de que tome las medidas oportunas o, en su caso, las haga llegar a las autoridades u organismos competentes. Si fueren hechas por escrito, podrán presentarse en pliego cerrado, que se entregará bajo recibo. ” Sin embargo esta garantía puede considerarse como poco efectiva o contundente para la protección de un derecho fundamental pues, entre otras cosa, el director de la prisión no forma parte del poder judicial, sino de la Administración pública. Por otro lado, el artículo 24.1 de la Constitución española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva para todas las personas. Esto tiene aplicación válida sobre todos los derechos reconocidos en la Constitución, entre los que se incluye el derecho a la integridad física y la prohibición de las penas o tratos inhumanos y degradantes, así como de la tortura (artículo 15). Por tanto, la primera vía procesal, propiamente dicha, de defensa del derecho a la integridad física del preso seria la judicial. En relación con el artículo 24.1, la Constitución señala en su artículo 53.2 la necesidad de un procedimiento preferente y sumario cuando se trate de la protección de los derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución, como es el derecho a la vida y la integridad física del que tratamos. Este procedimiento preferente y sumario se encuentra regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, la Constitución reconoce en su artículo 53.2 la protección de los derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución mediante el recurso de amparo. Este recurso se ejerce ante el Tribunal Constitucional, y para su presentación deben haberse agotado las vías judiciales ordinarias, tal como señala el artículo 43.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: “Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.” Fuera del ámbito nacional, y una vez agotadas todas las vías de protección anteriormente señaladas, se podría solicitar la protección del derecho a la integridad física en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, alegando una vulneración del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Esta vía de recurso está reconocida en el artículo 34 del propio Convenio: “El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.” En relación con el artículo 96.1 de la Constitución, que señala la incorporación al ordenamiento interno de los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez hayan sido publicados oficialmente.