VI. Derecho humano a la propiedad privada. El derecho humano de propiedad privada se encuentra previsto en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), mismo que establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”

(Énfasis añadido)

De la anterior transcripción, se advierte que se ha establecido como derecho humano que ninguna persona puede ser privada de sus bienes.

Al respecto el Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra “propiedad” de la siguiente manera:

“propiedad.
1. f. Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.
2. f. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz.
3. f. Atributo o cualidad esencial de alguien o algo.
4. f. Semejanza o imitación perfecta.
5. f. Defecto contrario a la pobreza religiosa, en que incurre el profeso que usa una cosa como propia.
6. f. Fil. Accidente necesario e inseparable.
7. f. Gram. Significado o sentido peculiar y exacto de las voces o frases.

8. f. Mús. Cada una de las tres especies de hexacordos que se usaron en el solfeo del canto llano.
1. f. Der. La que carece del usufructo.
1. f. La que recae sobre uno o varios pisos, viviendas o locales de un edificio, adquiridos separadamente por diversos propietarios, con ciertos derechos y obligaciones comunes.
1. loc. adv. Como propio.
2. loc. adv. U. para referirse al cargo o empleo que disfruta alguien durante toda su vida laboral. He sacado la plaza en propiedad.”

(Énfasis añadido)

De lo transcrito, se puede concluir que la protección de los bienes de las personas constituye un derecho humano, del cual únicamente se les podrá privar cuando exista una indemnización o se trate de una razón de utilidad pública o de interés social.

En materia fiscal, el derecho de propiedad garantiza que la carga tributaria sobre la riqueza debe ser adecuada y racional, o sea, que la presión que el tributo produce sobre la riqueza según la naturaleza de ésta y características del tributo, guarden una cierta medida que para ser justa no exceda lo que aconseja una buena prudencia.

De este derecho se desprende la necesidad de evitar que el indispensable poder tributario se convierta en un arma de destrucción de la economía y de la sociedad, excediendo los límites más allá de los cuales los integrantes de un país no están dispuestos a tolerar su carga.

--------------------------- Con el fin de evitar repeticiones innecesarias, solicito a ese H. Tribunal que tenga por reproducidos como si a la letra se insertasen los razonamientos vertidos en la fracción VI del apartado de CUESTIÓN PREVIA de la presente demanda de nulidad, relacionados con el derecho humano de PROPIEDAD PRIVADA, así como lo sostenido en dicho apartado en relación con los diversos tipos de tratados internacionales celebrados por México cuyo reconocimiento es vinculante para el control de convencionalidad que en esta demanda se hace valer.

Así, en el caso concreto la autoridad demandada atenta contra la posibilidad de vida del contribuyente, porque la propiedad es riqueza, referida a las posibilidades, o potenciamiento de la vida del ser humano.

Lo anterior toda vez que, cuando se tutela el patrimonio se tutela también la riqueza, misma que posibilita la vida del ser humano, pues constituye una conexión directa de la vida del ser humano, y de su superación, una determinación de las posibilidades de vida y desarrollo del ser humano.

Al respecto la Corte Europea de Derechos Humanos, ha establecido el siguiente criterio en torno al derecho humano de la propiedad, el cual, es un precedente de derecho comparado que puede servir para dar luz a lo que ese H. Tribunal llegue a resolver al momento de analizar el presente concepto de impugnación.

El referido precedente judicial establece textualmente lo siguiente:

“…

En el caso de Intersplav v. Ukraine,
La Corte Europea de Derechos Humanos (Segunda Edición), sesionando como Cámara compuesta por:
DSr. J.-P. COSTA, Presidente (President),
Sr.A.B. BAKA,
Sr.I. CABRAL BARRETO,
Sr.K. JUNGWIERT,
Sr. V. BUTKEVYCH,
Sra.A.MULARONI,
Srita. D JOCIENE, jueces (judges), y, Sr. S. Naismith,Secretario de Sección Adjunto (DeputySection Registrar),
Habiendo deliberado en privado el 31 Marzo 2005 y en 5 Diciembre 2006,
Entregan la siguiente sentencia, que fue adoptada en la fecha mencionada anteriormente:

…

LA LEY

I. SUPUESTA VIOLACIÓN DEL ARTICULO 1 DEL PROTOCOLO NO. 1 DE LA CONVENCIÓN.

26. La compañía solicitante reclamó que la practica infundada del Estado de rehusarse a confirmar el derecho del solicitante a devoluciones de IVA constituyó una interferencia con la paz y el disfrute de su propiedad en violación al Articulo 1 del Protocolo No. 1 de la Convención. Dicho Artículo establece lo siguiente:

“Cualquier persona física o jurídica tiene derecho a disfrutar pacíficamente de sus posesiones. Nadie deberá de ser privado de sus posesiones excepto por el interés publico y sujeto a las condiciones establecidas en la ley y en los principios generales de la ley internacional.

“El artículo anterior no deberá, sin embargo, de cualquier modo perjudicar el derecho del estado de ejecutar dichas leyes como lo considere necesario para controlar el uso de la propiedad de conformidad con los intereses generales o para asegurar el pago de impuestos o otras contribuciones o penalidades.”

A. Sobre si hubo posesión.

1. Los Alegatos de las Partes.

27. El Gobierno sostuvo que el derecho del solicitante al reembolso del IVA únicamente podría ser considerado una “posesión” bajo el Articulo 1 del Protocolo No1. Después de la confirmación de los montos por las decisiones de la corte. Si las autoridades fiscales disputaron el derecho del solicitante para reclamar la devolución del IVA, fue únicamente en virtud de la decisión de la corte que el solicitante adquirió “posesiones” o “expectativas legitimas” para recibirlas.

28. El Gobierno no estuvo de acuerdo con las conclusiones alcanzadas en la decisión de admisibilidad que las autoridades fiscales no habían objetado los montos de los reembolsos de IVA reclamados por el solicitante.

29. El Gobierno no está de acuerdo que la base para que la devolución del IVA bajo la ley era la información otorgada por el mismo solicitante en sus declaraciones de impuestos. Las decisiones de la corte otorgadas en su favor en el presente caso muestran que su derecho a la devolución del IVA fue violado con anterioridad a su solicitud a las cortes, como consecuencia demostrando que su derecho existía con anterioridad a dichas decisiones. Asimismo, bajo la ley, el Estado solamente puede usar los fondos recibidos por los pagos de IVA por otros propósitos después de que los reembolsos de IVA han sido hechos. Hasta entonces, como consecuencia, el vínculo entre el IVA y el contribuyente prevalecen. Se concluyó que el derecho a las devoluciones del IVA, y compensación por retrasos en su pago, constituían “posesiones” bajo el significado del Artículo 1 del Protocolo No. 1.

2. La valoración de la Corte

30. La Corte señala que el concepto de “posesiones” en la primera parte del Artículo 1 del Protocolo No. 1 tiene un significado autónomo que es independiente de la clasificación formal de ley domestica (ver Beyeler v. Italy[GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000-I). El asunto que necesita ser examinado es si las circunstancias del caso, consideradas como un todo, confieren al solicitante el derecho a un interes substantivo protegido por el Article 1 del Protocolo No. 1.

31. En este sentido, la Corte señala que en el presente caso en disputa no concierne en particular al monto de la devolución del VAT o a una compensación por retraso, si no ha al derecho general del solicitante bajo la ley a devoluciones de IVA o compensación. La Corte advierte que, habiendo cumplido con los criterios y requerimientos establecidos en la legislación domestica, el solicitante pudo razonablemente esperar la devolución del IVA que había pagado en el cursode sus actividades de negocios, así como la compensación por cualquier retraso. No obstante que cualquier reclamación de devolución de IVA puede ser sujeta a verificaciones y objeciones de las autoridades Estatales correspondientes, el artículo aplicable en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (TheLawonValue-AddedTax) no requiere la previa revisión judicial de un reclamo para validar la elegibilidad de la compañía a un reembolso.

Por lo que respecta a la objeción del Gobierno a la conclusión alcanzada en la decisión de admisibilidad que las autoridades fiscales no han objetado los montos de la devolución del IVA reclamada por el solicitante, la Corte señala que la conclusión fue fundamentada en los materiales en su posesión. Desde los materiales que se encuentran en los expedientes del caso parece que las autoridades fiscales no disputaron los montos del reembolso del IVA ha ser pagados al solicitante, si no que simplemente se rehusaron a confirmarlos sin aparente motivo, confiando erróneamente en una falta de competencia en materia de devoluciones. Es verdad, sin embargo, que en muchas ocasiones, y solamente una con éxito, los cálculos de la compensación por retrasos en el reembolso del IVA hechos por el solicitante han sido objetados por parte de las autoridades fiscales en los procedimientos judiciales. El último punto, sin embargo, no niega la conclusión de la Corte en relación al procedimiento original de la devolución del IVA.

32. Mientras la Corte no encuentre necesario determinar el contenido preciso del objeto del interés legal en cuestión, es sin embargo, concluido que los factores expuestos anteriormente muestran que la solicitud tenía un interés sobre la propiedad reconocido por la ley Ucraniana, y protegido por el Artículo 1 del Protocolo No. 1 (ver, mutatis muntandis, BuffaloS.r.l. en liquidación v. Italia, no. 38746/97, § 29 3, Julio 2003).

B. Sobre si hubo interferencia.

33. Las partes no disputaron que los retrasos en la devolución del IVA al Solicitante pudieron considerarse como interferencia con el derecho del solicitante de disfrutar pacíficamente de su posesión. En la opinión de la corte, esta situación viene dentro del primer enunciado del primer párrafo del Artículo 1 del Protocolo No. 1, el cuál descansa en el principio del disfrute pacifico de la propiedad en términos generales (ver Bufalo S.r.l. en liquidación, citada arriba, § 31).

C. Sobre si la interferencia fue justificada.

1. Los alegatos de las partes

34. El Gobierno afirmó que hubo circunstancias excepcionales que necesitaban medidas para proteger los intereses económicos del país. El Estado enfrentó la situación en cuál el sistema del reembolso del IVA fue abusado; en particular hubo numerosos casos de evasión del IVA, reclamos infundados para el reembolso del IVA y operaciones de exportación ficticias. En esta situación el Gobierno fue requerido a tomar medidas para parar dichos abusos y para prevenirlos en el futuro. En la opinión del Gobierno, el control judicial sobre el reembolso del IVA fue necesario para asegurar el interese público y prevenir abusos.

35. El Gobierno declaró adicionalmente que las acciones de las autoridades fiscales en el presente caso fueron basadas en la desproporción entre los montos pagados por el solicitante en impuestos y los montos del reembolso del IVA que este reclamó. Esto ocasionó una sospecha que el solicitante estaba utilizando compañías ficticias para los suministros de desechos de metal. De acuerdo con el Gobierno, dichas ficticias compañías fueron de hecho descubiertas por las autoridades.

36. El Gobierno consideró, como consecuencia, que las medidas tomadas estaban dentro del margen de apreciación del Estado y que la interferencia era proporcional, y como consecuencia un balance justo había sido alcanzado entre el interés del solicitante y el interés público.

37. El solicitante afirmó que había pagado legalmente sus impuestos y que dichos pagos habían sido verificados en numerosas ocasiones por las autoridades del Estado. Señalo que no era responsable de las otras compañías de las cuales compraba metal, en cuyo precio estaba incluido el IVA. La obligación de pagar el IVA era de estas últimas compañías no del solicitante. El solicitante subrayó que no tenía ni la competencia ni la posibilidad de controlar otros negocios, y que la situación mencionada por el Gobierno evidenciaba los trabajos insatisfactorios de las autoridades fiscales, de los cuáles el solicitante no debe de ser considerado responsable. Este subrayó adicionalmente que numerosas revisiones de sus actividades llevadas a cabo por las autoridades fiscales revelaron que no existían irregularidades sobre las cuáles estas últimas pudieran basar sus rechazos.

2. Las valoración de la Corte

38. La Corte reitera que el Estado tiene un margen amplio de apreciación en determinar que está dentro del interés público así como la legislatura nacional tiene una discreción amplia en implementar políticas sociales y económicas. Sin embargo, el margen de apreciación no es ilimitado y su ejercicio está sujeto a la revisión de las instituciones de la Convención (ver Lithgow and OthersV. theUnitedKingdom, sentencia del 8 de Julio 1986, Series A no. 102, p. 50-51, §§ 121-122). El punto de vista de la Corte, cuando las autoridades fiscales poseen cualquier información acerca del abuso del sistema de reembolso del IVA por una entidad en particular, estas pueden aplicar las medidas apropiadas para prevenir o parar dichos abusos. La Corte no puede sin embargo, aceptar el argumento en relación una situación general con el reembolso de IVA avanzada por el Gobierno, en la usencia de cualquier indicación de la participación directa en dichas prácticas abusivas.

39. La Corte señaló adicionalmente que desde Abril 1998 los reembolsos de IVA al solicitante han sido sistemáticamente retrasados. Dichos retrasos fueron causados por la situación en la cual las autoridades fiscales, no disputando, como aparece en el archivo del caso, los montos de reembolsos de IVA adeudados al solicitante, constantemente fracasaron en confirmar estos montos. Dicho fracaso previno al solicitante de recuperar los montos reclamados en el debido tiempo y creó una situación de incertidumbre crónica. Además forzó al solicitante de manera regulara apelar a las cortes con las reclamaciones idénticas. Desde el punto de vista de la Corte, puede ser considerado razonable el requerir que dichos rechazos sean impugnados en uno o pocos casos. Sin embargo, en el presente caso, el recurso del solicitante a este remedio no ha prevenido a las autoridades fiscales de continuar la práctica de retrasar los reembolsos de IVA, inclusive después de las decisiones de la corte han sido dadas a favor del solicitante (cf. párrafo 18 arriba). La naturaleza sistemática de los fracasos de las autoridades del Estados ha resultado en un carga excesiva siendo impuesta al solicitante.

40. En estas circunstancias, como consecuencia, la Corte considera que la interferencia con la posesión del solicitante fue desproporcionada. De hecho, los constantes retrasos con los reembolsos de IVA y la compensación en conjunto con la falta de remedios efectivos para prevenir o terminar dicha práctica administrativa, así como el estado de incertidumbre en relación al tiempo de devoluciones de sus fondos, trastorna el “balance justo” entre las demandas de interés público y la protección del derecho de disfrutar pacíficamente las posesiones. Desde el punto de vista de la Corte, el solicitante soporto y continua soportando una carga individual y excesiva (ver, mutatis mutandis, BuffaloS.r.l. en liquidación, citada arriba, § 39). Ha habido y continúa habiendo en consecuencia una violación del Artículo 1 del Protocolo No.1.

II. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN.

41. El Artículo 41 de la Convención establece:

“Si la Corte encuentra que ha habido una violación a la Convención o a los Protocolos ahí establecidos, y si la ley interna de la Alta Parte Contratante (High ContractingParty)interesada permite únicamente que una reparación parcial sea hecha, la Corte deberá, si es necesario, otorgar satisfacción justa a la parte perjudicada.”

A. Daño.

1.- Daño patrimonial.

42. El solicitante reclamo UAH 52, 909, 140 (alrededor de EUR 826, 709.38) como compensación por perdida de ganancias, UAH 8,380,385.68 (alrededorde EUR 1, 309,435.26) como compensación por perdidas de inflación, UAH 2, 114,900.06 (alrededor de EUR 330, 435.13) de gastos por créditos de bancos, y UAH 583,943.12 (alrededor de EUR 91, 241.11)de gastos por indemnización por despido.

43. El gobierno alegó que los reclamos del solicitante sobre este capítulo eran infundadas.

44. La Corte toma en consideración que en el presente caso intereses a una tasa de 120% de la tasa básica del Banco Nacional de Ucrania (National Bank of Ukraine) deberán de ser cargados en deudas de reembolso de IVA al solicitante desde el momento en que se originaron y por todo el periodo de su validación. Mientras que la Corte no puede especular del desempeño económico del solicitante, esta no encuentra irrazonable considerar al solicitante por haber sufrido alguna perdida material. Pronunciándose en una forma equitativa, de conformidad con el Articulo 41, la Corte concede EUR 25, 000.00 (ver, mutatis mutandis, Pélissiery Sassi v. France [GC], no. 25444/94, § 80, ECHR 1999-II).

2. Daños no patrimoniales.

45. El solicitante reclamó un suma simbólica de 1 Euro por daños no-pecuniarios.

46. El Gobierno dejó el asunto a la discreción de la Corte, si esta última encontraba una violación a la Convención.

47 La Corte considera que en el presente caso, no hay ninguna solicitud para una sentencia pecuniaria bajo este capítulo. En consecuencia no hace ninguna concesión en este respecto.

48. La Corte considera adicionalmente que en las circunstancias del presente caso la forma mas apropiada de reparación sería, en principio, la eliminación de la practica administrativa de retrasar los reembolsos de IVA, que han sido encontrados como contrarios al Artículo 1 del Protocolo No. 1.

B. Costos y gastos

49. El solicitante reclama UAH 3, 585.16 (alrededor de EUR 560) por gastos de viaje y UAH 106,953.77 (alrededor EUR 16,711.53).

50. El Gobierno considera esta reclamación como infundada, sin dar ninguna especificación adicional.

51. La Corte considera en cuanto a la reclamaciones de gastos de viaje del solicitante, tomando en cuenta el número de procedimientos domestico (ver Párrafo 15), el monto de reclamación parece justificado. La Corte, como consecuencia, lo concede en su totalidad. En cuanto a la compensaciones de la corte que permanecen adeudadas al solicitante en los procedimientos domésticos en cuestión (ver apéndice a la admisibilidad decisión de 31 Mayo 2005), la Corte considera que el pago total de las compensaciones de la corte concedidas al solicitante dentro de los procedimientos domésticos listados en el Anexo de admisibilidad decisión de 31 de Marzo 2005 constituirá el arreglo final en esta parte.

C. Intereses moratorios

52. La Corte considera apropiado que los intereses moratorios deberán de ser basado en la tasa marginal de crédito del Banco Central Europeo (European Central Bank), a la cual se le deberá de agregar tres puntos porcentuales.

POR ESTAS RAZONES, LA CORTA UNÁNIMEMENTE:

1. Sostiene que ha habido una violación al Artículo 1 del Protocolo No. 1;

2 Sostiene:

(a) que el Estado demandado pague al solicitante, dentro de los tres meses a la fecha en que esta sentencia sea firme de acuerdo con el Articulo 44 § 2 de la Convención, cualesquier compensaciones de la corte adicionales que se adeuden al solicitante en los procedimientos domésticos examinados en este caso, así como, EUR 25,000 (veinticinco mil euros) con respecto a daños patrimoniales, y EUR 560 (quinientos sesenta euros) con respecto a los gastos y costos, ha ser convertidos a la moneda nacional del Estado demandado a un tipo de cambio aplicable a la fecha de liquidación, más cualquier impuesto que sea aplicable;

(b) que desde la fecha de expiración de tres meses mencionada anteriormente y hasta la liquidación intereses simples deberán de ser pagados en los meses mencionados anteriormente a una tasa igual que la tasa marginal de crédito del Banco Central Europeo (European Central Bank) durante el periodo de incumplimiento más tres puntos porcentuales;

3 Desestima el resto de la reclamación del solicitante por satisfacción justa.
…”

De lo anterior se observa que la Corte Europea de Derechos Humanos considera que la interferencia con la posesión del solicitante fue desproporcionada y excesiva contrariando así el Artículo 1 del Protocolo No.1., consistente en el Derecho de Propiedad Privada.

Lo anterior, pues a pesar de reconocer el Estado tiene un margen amplio de apreciación en determinar que está dentro del interés público así como la legislatura nacional tiene una discreción amplia en implementar políticas sociales y económicas. Dicho margen de apreciación no es ilimitado y su ejercicio está sujeto a la revisión de las instituciones de la Convención (ver Lithgow and OthersV. theUnitedKingdom, sentencia del 8 de Julio 1986, Series A no. 102, p. 50-51, §§ 121-122).

En este sentido, se sostuvo que el punto de vista de la Corte, cuando las autoridades fiscales poseen cualquier información acerca del abuso del sistema de reembolso del IVA por una entidad en particular, estas pueden aplicar las medidas apropiadas para prevenir o parar dichos abusos, sin embargo, no se puede aceptar el argumento en relación una situación general con el reembolso de IVA avanzada por el Gobierno, en la usencia de cualquier indicación de la participación directa en dichas prácticas abusivas.

Así, la referida Corte consideró que la interferencia con la posesión del solicitante fue desproporcionada, pues los constantes retrasos con los reembolsos de IVA y la compensación en conjunto con la falta de remedios efectivos para prevenir o terminar dicha práctica administrativa, así como el estado de incertidumbre en relación al tiempo de devoluciones de sus fondos, trastorna el “balance justo” entre las demandas de interés público y la protección del derecho de disfrutar pacíficamente las posesiones.

Así pues, se puede observar que cuando un acto de autoridad se vuelve abusivo e injustificado, como lo puede ser, la revisión en dos ocasiones a un mismo hecho imponible como en el caso concreto y, por lo tanto, una violación al principio “non bis in idem”, dicho proceder resulta violatorio del derecho humano de propiedad.

Cabe señalar que la ejecutoria anterior constituye un hecho notorio que puede ser utilizado por ese H. Tribunal al momento de resolver el presente concepto de impugnación, por lo que a efecto de evitar repeticiones innecesarias, solicito se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen los razonamientos vertidos en el Apartado anterior, en el sentido de que las sentencias emitidas por la Corte Europea de Derechos Humanos constituyen un hecho notorio que deberá ser valorado por esa H. Sala al momento de dictar sentencia.

Expuesto lo anterior, debemos precisar que la resolución impugnada viola en perjuicio del Suscrito el derecho humano de propiedad privada previsto en el artículo 21 del Pacto de San José, toda vez que como ya se dijo, la autoridad demandada me liquida por los mismos hechos que dieron origen al crédito fiscal determinado a PROSEL en cantidad de $111,381,720.00 por concepto de ISR correspondiente al ejercicio de 2004, en su carácter de responsable solidario, a través del oficio 900 07 01-2011-10853 de fecha 21 de febrero de 2011.

Al respecto, a través de la resolución impugnada la autoridad demandada determina a la suscrita un crédito fiscal por la cantidad de $47,712,012.00 por esos mismos hechos, pero arguyendo la ahora demandada, que todos los actos jurídicos que dieron origen a la enajenación de partes sociales de PROSEL, se trataba de una simulación para efectos fiscales, cuyo único fin era evitar el pago del ISR correspondiente.

En este sentido, es claro que tanto con la determinación realizada a PROSEL, como con la resolución impugnada, se afecta directamente el patrimonio de la suscrita, toda vez que las dos determinaciones de los créditos fiscales inciden en la totalidad de mi patrimonio.

Lo anterior es así, pues partiendo del supuesto sin conceder de que la simulación de actos jurídicos que se imputa a mi persona fuera apegada a derecho, tendríamos que la suscrita sería responsable de todas las consecuencias jurídicas que derivaron de la venta de las partes sociales de PROSEL que realizaron BENGTSTOFFEL AKTIEBOLAG, KVARNVÄG AB, KLARÖD AB, MEXOANE AB y MEXATWO AB el 29 de diciembre de 2004, a favor de GE BETZ INTERNATIONAL, INC Y GE BETZ MEXICO, S.A. DE C.V.

Situación que desde luego, además del crédito fiscal que se me determina a cargo a través de la resolución impugnada por dicha supuesta simulación, incluye todas las obligaciones que derivan de esa enajenación, como lo es, el hecho de que no se haya cumplido con diversos requisitos previstos en la LISR a efecto de poder aplicar Convenio para evitar la doble tributación en México y Suecia y, en consecuencia el crédito fiscal determinado a cargo de PROSEL como responsable solidario.

Por todo lo anterior, la resolución impugnada viola en mi perjuicio el derecho humano de propiedad previsto en el artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), así como el derecho humano de la garantía judicial previsto en el artículo 8 numeral 4 del citado ordenamiento, todos en relación con el artículo 23 de la CPEUM y el artículo 50 del CFF, por lo que lo procedente será que esa H. Sala declare la nulidad de la misma en términos del artículo 52 fracción II de la LFPCA.

Asimismo, una vez declarada la nulidad de la resolución impugnada, se ordene la devolución a favor de mi mandante de las cantidades pagadas por concepto de los créditos fiscales determinados en la resolución impugnada, debidamente actualizadas en los términos del artículo 17-A del CFF, así como los intereses correspondientes generados en los términos del artículo 22-A de ese mismo ordenamiento legal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracciones II y IV, así como 52, fracciones V, inciso a), todos de la LFPCA.