El Principio de la Buena Fe

El principio de la buena fe es un principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y a la misma ley, a que presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares, y obliga a que tanto autoridades públicas como los particulares actúen de buena fe.
Generalmente la presunción de la buena fe como principio, es entendible en casos de asuntos de negocios, pero en Colombia, de acuerdo a la disminución de valores humanos, todo acto que intervengan dos o más personas o en el que la naturaleza haga parte, donde cada cual busca su interés personal, y no importa que se perjudiquen las demás partes. Este principio debe ser reformado, al menos en nuestro país, donde ya la "buena fe" no hace parte de nuestro actuar.
En primer lugar, encontramos la denominada buena fe, creencia que constituye, a grosso modo, aquel convencimiento, entendimiento, juicio de razón o creencia de actuar sin detrimento de un interés legítimo, conforme a Derecho, sin fraude –lo cual, sin embargo, no puede ser tomado jamás como sinónimo de candidez o ingenuidad.
En segundo lugar, está la buena fe lealtad, entendida como la intención de cumplir con los deberes jurídicos derivados de los actos o negocios jurídicos, tanto en la celebración como en la ejecución de los mismos.
Como es señalado por la Corte Constitucional el principio de la buena fe ha sido desde hace mucho tiempo unos de los principios por los cuales el estado administra y coordina los procesos aduaneros, dándole así la suficiente importancia a no solo aprehender y decomisar mercancía mediante un proceso sancionatorio, si no a un claro y transparente objetivo como lo es el de un bien común, que está implantado desde los inicios de la norma suprema “la Constitución Política Colombiana” que vela por que el estado sea llamado como pueblo en donde todos los individuos tienen voz y voto.
Este principio de la buena fe integra y disminuye la falta de unanimidad entre los las dos grandes fuerzas demandantes de consumidores y productores; llevando así a cabo un fin común. El cual debe adaptarse y adquirir dicho proceso de la buena fe como lo señala el artículo 83 de la constitución política colombiana en el cual se brinda el derecho de un debido proceso ya que desde los principios de dicha constitución no se debe vulnerar los principios de la rectitud, de respeto de honestidad y por encima de todo de igualdad.
Ahora con esa gran premisa podemos decir que nuestra realidad y concepción del sistema aduanero colombiano es carente e insuficiente en la adaptación e integración de una regla de comportamiento que facilite la mediación y la convicción de implementar un verdadero concepto de igualdad que es independiente de todo cualquier proceso logístico.
La facilitación de todos aquellos trámites y cruces entre particulares y autoridades públicas ha conllevado a una facilitación protegiendo el derecho de la buena fe unificando así criterios en materia jurídica y de desarrollo de procesos.
Una de las desafortunadas consecuencias de la ausencia de una adecuada diferenciación entre los conceptos de buena fe objetiva y buena fe subjetiva es la aplicación inapropiada de la presunción de buena fe, en cuanto aquello que constituye una excepción al régimen general, esto es, que la buena fe subjetiva posesoria se presume, se ha adoptado como regla general en materia de buena fe objetiva.
Una tal generalización de la presunción; desnaturaliza el principio de buena fe, pues la regla general en materia de buena fe objetiva es que el cumplimiento de los deberes de comportamiento que emanan del principio no se presume, sino que se debe probar su efectiva realización, en tanto que los estados psicológicos o las creencias, en los que se funda la buena fe subjetiva, constituyen excepciones a la regla general en cuanto se permite su presunción. El Có-digo de Bello consagra la regla de presunción de buena fe con alcances restringidos a los eventos de buena fe subjetiva y extenderla a situaciones en las que lo aplicable es la buena fe objetiva contraría la esencia misma del principio. En materia administrativa la Constitución colombiana consagra una excepción a la regla general que rige en materia de buena fe objetiva conforme a la cual la buena fe no se presume, al permitir que opere una presunción legal en favor del particular en las gestiones que este adelante ante aquella, como medida para equilibrar las relaciones entre la administración pública y los particulares, relación que se encuentra marcada por una fuerte asimetría.
Por último, debemos resaltar que la conducta desleal o de mala fe de algunos usuarios de la función jurisdiccional hará que quienes se comportan de tal manera se vean también perjudicados con sus propias actuaciones, pues son ellos quienes principalmente se encargan de estropear el sistema procesal y contribuyen a la deslegitimación y desgaste de la jurisdicción. Sólo mediante un comportamiento honesto y leal es posible contribuir a la construcción de la justicia social por medio de la jurisdicción
En conclusión, se observa que la regla de la buena fe se revela como una provechosa herramienta para que los juristas puedan resolver con mayor razonabilidad y justicia situaciones que, de no existir el citado principio, serían de dificultosa resolución.