CARTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
El Proyecto del Senado 88 pretende derogar la “ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales” (Ley de Cierre) a fin de permitirle a los establecimientos comerciales e industriales operar durante los domingos a las mismas horas que pueden hacerlo el resto de los días de la semana y eliminar el pago del salario doble a los empleados que trabajen dicho día con el fin de atemperarla a los cambios socioeconómico del Puerto Rico de hoy.
La Cámara de Comercio entendió que la única solución justa era la derogación de la ley. Para exponer las razones que llevan a adoptar dicha posición, se procede a analizar asuntos en controversia, referente a la Ley de Cierre.
Los defensores de la Ley de Cierre suelen concentrar sus argumentos en tres áreas.
• La Ley provee una protección a los trabajadores.
• La ley ofrece protección al pequeño comerciante frente a la competencia de las grandes empresas.
• Se presentan argumentos religiosos y de unidad familiar, para favorecer el cierre dominical del comercio al detal.
La Ley –cuyo nombre oficial es Ley Núm.1 del 1 de diciembre de 1989, según enmendada, mejor conocida como Ley para regular las operaciones de establecimientos comerciales- establece que los comercios deberán abrir los domingos en horario 11 a.m. a 5 p.m. Sin embargo, dicha ley no aplica a aquellos negocios operados sólo por sus dueños, los que tienen 15 empleados o menos, las farmacias, gasolineras, librerías, galerías, negocios en aeropuertos y puertos, en hoteles, y los negocios que están localizados en zonas turísticas.
Cuando se aprobó la Ley de Cierre, a principios de siglo, ella ofrecía una protección deseable e ilustrada a los trabajadores. Eran tiempos en que existían pocos derechos laborales, por lo que era necesario aminorar la explotación al obrero. Sin embargo, la situación ha cambiado mucho, y para bien, en lo que a protección laboral se refiere. En Puerto Rico los empleados gozan de un amplio cuerpo de legislación laboral que, entre otras disposiciones, garantiza el tiempo de lactar, el salario mínimo, las licencias por vacaciones, enfermedad y maternidad, limita el horario laboral, establece para adicional por horas extras, protege al obrero contra despidos discriminatorios, establece períodos de descanso dentro de jornada laboral y prohíbe su fraccionamiento.
Por tanto, hace poco sentido legislar protecciones laborales restringiendo el horario de operación para ciertas empresas. Cabe destacar que los empleados exentos de la Ley de Cierre constituyen aproximadamente el 90 por ciento de la fuerza laboral. Este grupo cubre a los empleados en el gobierno, la manufactura, múltiples servicios, la banca, etc. En este sentido es necesario aclarar que la derogación de la Ley de Cierre no afecta a la fuerza laboral.
Tampoco existe evidencia de que su derogación afectaría a los pequeños y medianos comerciantes que en nada se afectaron durante la mayor parte de la década de los años 80, periodo durante el cual la ley no se puso en vigor. Los pequeños negocios no pueden aislarse de la tendencia hacia la globalización de mercado. Si la economía puertorriqueña, incluyendo el sector de las pequeñas empresas, quieren ser exitosas, no puede darle la espalda al mundo y tratar de vivir con antiguas reglas aislacionistas; que son insostenibles y llevan al fracaso. La política pública debe orientarse a promover la competitividad de las empresas puertorriqueñas para asegurar que seamos competidores de clase mundial. A los pequeños comerciantes la Ley de Cierre les da un falso sentido de seguridad y retrasa e impide que éstos se transformen en empresas competitivas.