|[pic] |Constitución y sistema de fuentes |

|Sesión 4ª |24 de febrero 2012 |Grupos 40,41 |

Resolución Caso práctico sobre Estado Social y debate sobre Estado democrático, Estado social, estado constitucional y monarquía parlamentaria como principios estructurales del orden constitucional.

Caso práctico.
Ante la grave situación del mercado de la vivienda, que hace sumamente difícil y costoso a muchas familias acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler, el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley por el que se establecen ayudas en materia de vivienda (préstamos bonificados, subvenciones a fondo perdido, etc...) a las familias numerosas. En la definición del concepto de familia numerosa, se da un tratamiento igual a las familias compuestas de hijos matrimoniales que a las compuestas de hijos extramatrimoniales, pero no se tiene en cuenta a las parejas de hecho como equiparada al matrimonio a efectos del cómputo del número de miembros necesario para constituir familia numerosa.
Cuestiones teóricas
Fundamentos económico-sociales y políticos del estado social de derecho Cláusula general (preámbulo, art. 1.1 ce y art. 9.2 ce) Interacción estado-sociedad en ambas direcciones Papel del Estado en la organización general de la economía (sección 2ª del capítulo ii del título i y título vii) Derechos sociales: las garantías institucionales como manifestación del principio de estado social del derecho (propiedad privada y herencia); libre elección de profesión u oficio; derecho a la educación. Los principios rectores de la política social y económica (capítulo iii del título i y art. 53.3 ce)
Legislación
Constitución.
Preguntas a responder por escrito: • Razone el sentido constitucional de la previsión de ayudas a la vivienda • Razone el sentido constitucional de que las ayudas a la vivienda se circunscriban a las familias numerosas.
Bibliografía complementaria:
M. Aragón Reyes (Coord.), Temas básicos de Derecho Constitucional (I), Civitas, 2001
I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 1987

Práctica 4: Resolución Caso práctico sobre Estado Social y debate sobre Estado democrático, Estado social, estado constitucional y monarquía parlamentaria como principios estructurales del orden constitucional.

Alumno: Javier Andueza Bailo. Grupo 40

Preámbulo: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran […]”. Artículo 1.1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Artículo 1.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 10. 1. “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley ya los derechos de los demás son fundamento del orden político y dela paz social”. 2. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. -------------------------------------------------------------------------------------------- Tal y como establece la Constitución Española en su artículo 1, España es una Estado social y democrático de Derecho. La cláusula de Estado social va más allá de la definición y por ello exige un compromiso del Estado. Las bases del Estado social son la igualdad material y de las personas, así como el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas, tanto físicos como económicos y sociales. Por ello, hay una serie de Derechos de los ciudadanos que el Estado se compromete a proveer para el bien de los habitantes del país. Estos derechos pasan por el derecho a la propiedad privada, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la seguridad, etc. Esta serie de derechos están recogidos en la Constitución, y por eso se crean leyes sujetas a esos derechos para amparar a los ciudadanos. Uno de esos ejemplos es el Decreto Ley para ayudas a la vivienda, aprobado por el Gobierno. Este en particular crea mucha controversia debido a que hay mucha gente que no está de acuerdo, y otros muchos que se amparan en la Constitución por necesidad de esas ayudas. Es tarea del Estado, al menos lo que está en su mano por medio de la legislación de este estilo, el intentar promover la igualdad de todos los ciudadanos con ayudas al acceso a la vivienda. Este es un derecho básico y fundamental de la persona. Sin embargo, lo que parece tan obvio como es el ofrecer la ayuda a los ciudadanos, no lo es a la hora de establecer los límites de las ayudas. Aquél al que le favorece la ayuda siempre quiere más y más, mientras que los que ya poseen una vivienda propia porque puede permitírsela no quieren que se gasten excesivos caudales públicos en aquello que no les va a generar beneficio propio. Para sofocar esta polémica y afirmar por escrito estos derechos se incluyen en la Constitución. Si una norma suprema como la CE obliga al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, el Estado se ve obligado a hacerlo, aunque muchos estén en contra, e independientemente del Gobierno más conservador o más socialista que se encuentre en el Ejecutivo. Por otra parte, se encuentra el debate de a quién dirigir esas ayudas. He aquí otro problema que debe resolver la Constitución. La legislación pone de nuevo a prueba los límites de la obviedad. Parece una evidencia que se debe ayudar más a los que más gastos tienen y a quién más lo necesita, sin embargo, hay quién a pesar de ello no comprende por qué la CE establece que las ayudas deben favorecer más a las familias numerosas. Ya sea por circunstancias personales, por propio interés o por ideología, hay quién se empeña en no ver ese tipo de cuestiones que a simple vista parecen lógicas. Por esa misma razón, de nuevo se encarga la Constitución de recoger en sus artículos que son aquellas familias con más miembros, y por lo general con más gastos inevitables, las que deben recibir ayudas por delante de otro tipo de familias en otras circunstancias. Por supuesto, una vez satisfechas estas familias, directamente se pasa al segundo grupo jerárquico que serán aquellas familias normales que no puedan disponer de una vivienda por sus propios medios. Por otro lado, surgen discrepancias sobre las familias numerosas, en lo que concierne al límite de hijos que son necesarios para considerarse numerosa. Incluso por estos motivos se pueden sobrepasar limites morales de tener más hijos por el mero hecho de recibir ayudas, ya que con dos hijos no las tienes, y con tres sí. Los matrimonios y parejas de hecho no quedan exentos de la polémica. Un matrimonio tradicional, con el marido y la mujer, posee todos los derechos, sin embargo, una pareja de hecho queda privada de algunos derechos que los anteriores gozan. Por último, hay distintas opiniones sobre los hijos extramatrimoniales en nuestra sociedad. Unos creen que no es moral reconocer igualmente a los hijos concebidos dentro del matrimonio que a aquellos que no han nacido en el matrimonio. Y por ello, la legislación tiene que establecer un término medio y no dejarse guiar por la ideología para contentar en la medida de lo posible a todo el mundo. Cuesta creer que en una sociedad moderna, que tiene asumido principios tan básicos a día de hoy como el derecho a la vivienda (art. 47 CE) y a la seguridad de las personas (art. 17.1), tenga que recurrir a una norma suprema para contentar a todos, y para sofocar todo tipo de debates sobre destinatarios de los fondos públicos. Para concluir, esto no hace sino reforzar el papel clave de la Constitución Española en la sociedad de hoy en día, en casi todos los puntos de discordia. Gracias a la ley suprema del Estado español, se evitan todo tipo de conflictos, obligando al Estado a cumplir con los derechos establecidos en ella. Todo esto forma parte del Estado social que recoge la Constitución y que ha conducido a la sociedad que hay hoy en día en nuestro país.